La administración de justicia es la parte de la función pública encargada de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en la constitución y leyes, y es un servicio público esencial. ¿Cómo resuelven hoy en día los ciudadanos sus problemas de acceso a derechos fundamentales y colectivos por ejemplo? A través de tutelas, acciones populares, de grupo.
Un sistema de justicia fuerte puede incluso ayudar a disminuir la inseguridad, prevenir la justicia por mano propia a la que cada vez más ciudadanos legitiman, e incluso contribuir a la consolidación de una convivencia pacífica, en un país con tantas violencias como el nuestro.
El 9 de octubre de este año, se sancionó la ley 2430 de 2024, que modifica el sistema judicial colombiano, y que tuvo un control de constitucionalidad previo e integral del proyecto de ley, que quedó contenido en la Sentencia C-134 de 2023.
Entre los ejes centrales de la reforma, se encuentran el fortalecimiento del acceso a la justicia (un paquete mínimo de justicia en cada municipio y una novedad en la jurisdicción administrativa y es que el Consejo Superior de la Judicatura podrá crear dos tipos de juzgados: los ordinarios y los agrarios y rurales); la transparencia, la participación ciudadana (La Rama Judicial deberá rendir cuentas periódicamente a la ciudadanía) y el enfoque de género en la elección de los magistrados de las altas cortes (alcanzar la paridad entre hombres y mujeres en su conformación); la descongestión (Consejo Superior de la Judicatura a evaluar anualmente las necesidades de descongestión judicial y a adoptar medidas excepcionales cuando sea necesario); el uso de medios tecnológicos (por regla general, la modalidad (presencial o virtual) la determina el juez en ejercicio de su autonomía, con excepción de la audiencia de juicio oral en materia penal, que deberá ser presencial); la colaboración armónica entre los poderes públicos y la derogatoria de la doctrina probable (La nueva ley estatutaria derogó el artículo 4º de la Ley 169 de 1896, según el cual tres decisiones uniformes de la Corte Suprema de Justicia constituían un precedente aplicable en casos análogos.).
Sin duda, la ley 2430 representa un avance en el fortalecimiento del sistema judicial colombiano. Ahora, esperamos que su implementación sea exitosa, y la superación de los desafíos estructurales que hoy enfrenta la justicia, dependerá de la ejecución de la reformas aprobadas. Ello sin duda requerirá de un espaldarazo económico del gobierno, para que la justicia en Colombia deje de ser la cenicienta de la casa.